LOS ESQUIROLES DE LA CFE




LOS ESQUIROLES DE LA CFE
EL CASO DE LA REPRESA PASO DE LA REINA,
OAXACA, MÉXICO



Gustavo Castro Soto
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
1 de Octubre de 2012, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México



Desde el año 2007 se conformó el “Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER)” integrado por consejeros representantes de las localidades que serían afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Paso de Reina en Oaxaca, México. Luego de varios foros y 4 declaratorias exigen al gobierno federal y estatal que se “respete su derecho como pueblos indígenas a decir No al proyecto, sin presiones ni amenazas que pueda dividir y violentar las comunidades. Las comunidades y el consejo han hecho algunas acciones de incidencia pública y defensa jurídica. Con respecto a la incidencia han acudido a instancias que tienen que ver con el proyecto y se ha solicitado una audiencia con el Presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa, sin que exista respuesta hasta el momento. Esto demuestra que los Pueblos Indígenas no son atendidos cuando recurren a instituciones formales.”[1]

Tres años después de iniciada la resistencia, del 5 al 7 de febrero del 2010 se llevó a cabo en la comunidad de Paso de Reina, el VII encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Ríos Verde (COPUDEVER), La Ventana, EDUCA, y el Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii, fueron los anfitriones de las organizaciones indígenas, campesinas, sociales, redes, investigadores y otros aliados en la lucha contra las presas en el país. Más de 300 personas de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal se dieron cita en el lugar. Entre las experiencias que se compartieron estuvieron los afectados por la Presa la Yesca.[2]

Mientras las comunidades se mantienen en resistencia frente al proyecto durante cuatro años, y muy conocida su lucha, la Ong denominada “Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A.C.” (IMIFAP “Yo quiero, yo puedo”), pretende ayudar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a justificar la represa a cambio de un jugoso contrato. El IMIFAP no escucha ni toma en cuenta los antecedentes de la resistencia desde 2007 por sus intereses económicos.[3]

El IMIFAP, con sede en la ciudad de México, presenta en 2011 a la CFE una pésima propuesta llamada “Diagnóstico Socioeconómico y Programa de Desarrollo Comunitario Integral en el Área de Estudio del Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina”,[4] a realizarse en el Municipio Tataltepec de Valdés, Oaxaca. El proyecto tiene un presupuesto de $2,644,316.00 y fue aceptada en julio de 2012 para ejecutarse en un lapso de 16 meses.

Para IMIFAP pareciera que la gente empoderada no existe sin su intervención. Como si el COPUDEVER no tuviera ya una trayectoria y un proceso de decisión sobre su vida y futuro. Curiosamente la misión del IMIFAP es “empoderar a las personas para que cuiden su salud, tomen el control de su vida y promuevan cambios sociales que impulsen el bienestar integral de su comunidad”, cosa que ya están haciendo desde hace años. También esta institución pretende fomentar “que puedan ser agentes de cambio en sus familias y comunidades a partir de una motivación interna.” Contradictoriamente, afirman que trabajan “de la mano con las comunidades para asegurarnos de responder realmente a las necesidades críticas de la población meta y que ellas sientan suyos los programas.” Sin embargo, es evidente que trabajan para responder a las necesidades de la CFE.

Esta Asociación Civil fue fundada hace 16 años y tiene un presupuesto anual de 1.5 millones de dólares. Dice prestar sus servicios a Naciones Unidas, a grandes empresas trasnacionales como Procter & Gamble y a gobiernos para la “reducción de barreras psicosociales”, entre otros objetivos. Presume haber tenido financiamiento de más de 100 organismos nacionales e internacionales. En otro ataque de megalomanía, las 4 psicólogas que forman la institución, dicen haber beneficiado en sus programas “Yo quiero, yo puedo” a más de 19 millones de personas en 14 países, y haber desarrollado, implementado y evaluado más de 40 programas “Yo quiero, yo puedo” de desarrollo comunitario, educación y salud integral y preventiva.

El IMIFAP dice que “las habilidades para la vida (ej. toma de decisiones informada y responsable, comunicación asertiva, autoconocimiento, auto reflexión, manejo de emociones, análisis y solución de problemas) facilitan que las personas sean agentes de cambio de sus propias vidas y las de sus familias y comunidades así como empoderadas para expresar sus opiniones, pensar analíticamente, tomar  decisiones informadas, comunicarse asertivamente, resolver problemas y negociar constructivamente. El desarrollo de estas también facilita que la gente se aproveche de oportunidades existentes y cree nuevas oportunidades.” Sin embargo, la población en resistencia lleva años en estudio, análisis, intercambios de experiencias, reflexión, intentos de dialogar con las autoridades sin ser escuchados, entre otras muchas acciones. Pero para esta institución es evidente que no se trata de escucharlos a ellos, sino ayudar a que la CFE continúe con la imposición del proyecto y siga trabajando en esa dirección.

IMIFAP afirma que trabajan en Oaxaca desde 1994 con el programa “Si yo estoy bien, mi familia también” con 39,000 mujeres rurales e indígenas que habitan en comunidades marginadas y remotas de la región Mixteca; con programas de ahorro, microfinanzas y microempresas en más de 40 municipios! Aseguran que han establecido 180 bancos comunitarios y 1,364 mujeres han creado microempresas, con financiamiento de la  Fundación Kellogg, la Embajada de Finlandia en México, el SEDESOL, INMUJERES, la empresa Procter & Gamble, etc. Y lo que no se ve en ningún lado, IMIFAP ha logrado que “la tasa de retorno de los créditos en estos proyectos es de casi 100% y a un año de medio de iniciados los proyectos”, y “todos los negocios han resultado sustentables, un tercio cuentan con empleados remunerados y la mitad ofrecen un salario a sus dueñas”. Aseguran que desde 1995, más de un millón de personas se han beneficiado del programa de desarrollo comunitario integral de IMIFAP “Yo quiero, yo puedo”. En fin, todo un paraíso.

Entre los lineamientos que la CFE da al IMIFAP se establece que la presa Paso de Reina es un “proyecto estratégico de infraestructura para el Sistema Eléctrico Nacional”. Por ello la CFE podría ofrecer en la expropiación un mayor pago por las tierras en 4 comunidades en el municipio de Tataltepec de Valdés donde prevén tener resistencia a la venta de sus tierras de cultivo que pretenden inundar. La CFE recomienda al IMIFAP que su intervención sea “muy bien planeada en su vertiente sociopolítica, debido a que existe un grupo minoritario (proyectado gracias a la mitificación negativa del proyecto, por parte de la Diócesis local) pero con potencial de radicalización en la región, que ha expresado una clara oposición al proyecto hidráulico de la CFE -sólo en parte debido a la expropiación e inundación de las tierras arriba señaladas.” [5]

La CFE, como es conocida su experiencia en trampas y mañas, le solicita al IMIFAP “mantener ante estos sectores y comunidades, una imagen de autonomía y cuyo interés por la región proviene, por ejemplo, de intervenciones previas en otras partes de Oaxaca y otros estados y localidades similares”. Este es un elemento fundamental que las comunidades y resistencias contra las represas deben tomar atención, en aquellas instituciones que aparentemente trabajan con autonomía en las regiones donde se pretenden instalar los proyectos de represas.

Por otro lado, la CFE le recomienda que sea “sumamente discreto en su colaboración con la CFE y evitar en todo momento ser asociado/percibido con la misma, pues de otra forma se invitaría a dicho grupo a llamar a un boicot generalizado de cualquiera de nuestros trabajos (como ha sucedido ya desde hace más de 2 años con los de la propia CFE).”

Hace algunos años, el CIESAS realizó para la CFE diversos estudios socioeconómicos en los municipios aledaños a la futura represa. En aquel entonces hubo reacciones por parte del MAPDER que denunció públicamente el papel de esta institución que le allanaba el camino al proyecto de la CFE. Ahora es al IMIFAP que se le encarga el estudio del municipio de Tataltepec “donde se ha detectado la mayor reticencia”.

Así, la Fase 1 del proyecto se denomina “Estudio socioeconómico del municipio de Tataltepec de Valdés”, para “conocer sus condiciones de vida actual, sus formas de organización para la producción y los mecanismos empleados en sus relaciones políticas y culturales”. Para ello harían una radiografía política con el fin de caracterizar los aspectos sociales, económicos, culturales y organizativos de las localidades; identificar necesidades, afectaciones, problemáticas sociales, políticas, culturales y económicas en las comunidades donde se pretende imponer el proyecto de la represa; así como identificar indicadores de sostenibilidad.

En esta fase que se aplicará mínimamente en las zonas periféricas al embalse, como son la cabecera de Tataltepec de Valdés, Plan del Aire, El Ocote o La Palma y El Ocotillo, se estudiaría la etnografía cultural y lingüística, los usos y costumbres, la distribución de la población y otros indicadores demográficos, económicos, de educación, de migración y salud. La situación de la infraestructura y los servicios como el transporte, el agua, la energía, el alumbrado, la vialidad, así como la situación de la tenencia de la tierra, etc. También los conflictos sociales; la organización y las creencias religiosas, sus lugares sagrados y cargos religiosos; las preferencias partidistas; una radiografía de los movimientos políticos, de los líderes locales, las organizaciones sociales y civiles que actúan en el municipio.

Esta Fase se implementará por medio de entrevistas, observaciones en espacios públicos por seis días en cada comunidad, llamadas telefónicas, etc. Su objetivo será identificar los intereses y necesidades de las comunidades para plantear estrategias de manejo social; identificar mecanismos para mitigar y compensar los impactos de la represa; y elaborar recomendaciones para el “Desarrollo Comunitario Integral “Yo quiero, yo puedo” que promueva la participación comunitaria y el desarrollo económico y social. Por otro lado, realizarían un sondeo a la población sobre cómo le puede afectar o beneficiar la represa, sobre el impacto al medio ambiente, sobre sus deseos en un nuevo asentamiento (más no si quiere o no reubicarse o si quieren o no la represa).

La Fase 2 es denominada “Programa de Desarrollo Comunitario Integral para las comunidades en el Municipio de Tataltepec de Valdés” con el fin de implementar un programa de Desarrollo Comunitario Integral que facilite la formación de habilidades para la vida y la reducción de barreras psicosociales; ferias comunitarias educativas que fomenten entre otras cosas “resolución de conflictos, la negociación y la comunicación asertiva”. Se identificarían a 30 líderes que replicarían el programa en las cuatro comunidades que, entre otras cosas, su función sería “Monitorear y evaluar el proceso de cambio de conductas en las comunidades (visitas de seguimiento a los 3 meses y a los 6 meses después de la implementación de los talleres).”

Para realizar todo ello, el IMIFAP le cobraría a la CFE 100 mil pesos para que un analista elabore indicadores, 600 pesos por entrevista; mil pesos diarios a una persona que observa en la plaza y otros lugares públicos, 40 mil pesos a un analista, 45 mil pesos la hora de taller, 300 mil pesos para los encuestadores, etc.

Si la CFE acepta el resultado de las dos fases anteriores, se contrataría al IMIFAP por cuatro años más para implementar el “Programa de Desarrollo Comunitario Integral para cada uno del resto de los municipios cercanos al proyecto hidráulico”.

En definitiva, estas son las estrategias que usa la CFE para la imposición de un proyecto de represa. Las comunidades y sectores organizados deberían estar atentos a estas acciones que dividen a las comunidades, que no les toman en cuenta y que dan por supuesto que la obra va, que se realiza, y para ello es necesario “reducir las barreras psicosociales” y logar que “sientan suyos los programas”.

Detrás de cada proyecto de represa, hay una Ong, institución de investigación o universidad camuflajeada que trabaja para la CFE realizando estudios, investigando, proponiendo proyectos de supuesto desarrollo en las regiones aledañas al embalse, impulsando a la población a la venta de sus tierras, asesorando legalmente etc. Este es el reto de la resistencia en la primera etapa de la construcción de una represa: saber distinguir los esquiroles y denunciarlos. Todos aquellos que se sumen a la resistencia, a la lucha por la defensa de las tierras y los territorios, los que trabajan en las asambleas con la gente, los que acompañan su palabra, los que respetan las estrategias de resistencia de la población por defender su vida, seguro, son los mejores aliados.

¿Quiénes son los esquiroles que están detrás de las represas de Cancuc, Itzantún o las del Usumacinta en Chiapas? Quiénes en la represa de Tenosique en Tabasco; o en El Zapotillo y Arcediano en Jalisco; o las Cruces en Nayarit; o La Yesca y El Cajón…. ¿Y así en tantos proyectos que se despliegan por el país? Saberlo es un gran reto, pero fundamental para desvelar y enfrentar los mecanismos de la CFE para imponer represas en todo el país.









[4]             IMIFAP: “PROPUESTA: Diagnóstico Socioeconómico y Programa de Desarrollo Comunitario Integral en el Área de Estudio del Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Municipio Tataltepec de Valdés, Oaxaca.”, Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Agosto, 2011.

[5]             “Síntesis de la reunión preparatoria para el arranque del Diagnóstico Socioeconómico y el Programa de Desarrollo Comunitario Integral en Tataltepec de Valdés, Oaxaca” (Centro de Anteproyectos del Pacifico Sur, CFE; 29/7/11).

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Gustavo Castro Soto
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