EL EJERCITO QUIERE LEGALIZAR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS




EL EJERCITO QUIERE LEGALIZAR LA VIOLACION
DE LOS DERECHOS HUMANOS


Posicionamiento
OSC de derechos humanos


* Posicionamiento de organizaciones civiles de derechos humanos sobre las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados.

El día 7 de abril el Secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván
Galván señaló ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de
Diputados la necesidad de la aprobación de una legislación
emergente; que regule las actividades del ejército en funciones de
seguridad pública, porque reconoci"en este momento los militares
llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde". El general
mencionó la necesidad de que se faculte al ejército para que pueda ingresar a
domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría
cometerse, interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas antes de
entregarlos a una autoridad civil, intervenir comunicaciones y suspender
actividades o el tránsito masivo de vehículos . De igual forma señaló que el
ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, mostró la reticencia del
ejército para que las reformas al Código de Justicia Militar permitan que los
militares que cometan delitos en contra de civiles sean juzgados por tribunales
civiles y minimizó el número de casos de violaciones de derechos humanos
cometidas por militares.

Las declaraciones del Secretario de Defensa son desafortunadas en exceso, por
una parte muestran lo que las organizaciones de derechos humanos hemos sostenido
reiteradamente; el ejército en tareas de seguridad pública violenta la ley y
los estándares de derechos humanos aprobados internacionalmente y por otra,
muestra el deseo de seguir haciéndolo y amparado en la ley.

En la reunión, solicitó un marco legal que permita actividades propias de un
estado de excepción, que de facto se han realizado, derivando en violaciones
graves a los derechos humanos como ha sido documentado por organizaciones
nacionales e internacionales incluyendo organismos de naciones unidas, sistema
interamericano y la CNDH, siendo incongruente además con lo declarado por el
gobierno en cuanto a respetar las recomendaciones formuladas por el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas el 22 de marzo del año en curso en la que
se pide al gobierno mexicano que las enmiendas en materia de seguridad nacional,
respeten lo dispuesto por los artículos 4 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Constitución Mexicana.

En reiteradas ocasiones representantes del Estado han afirmado que la
participación del ejército en estas funciones será temporal y que corresponde
a autoridades civiles y cuerpos policiacos las funciones de seguridad. Este ha
sido un señalamiento constante en espacios internacionales como el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del
mecanismo del Examen Periódico Universal y recientemente por el Comité de
Derechos Humanos de la misma organización y ha sido recuperado por el
Secretario de gobernación y el Programa Nacional de Derechos Humanos, sin
embargo, las declaraciones del Secretario de Defensa no contemplan ese
escenario. Al señalar que el ejército permanecerá en las calles 5 a 10 años
más salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación
de un decreto del Congreso de la Unión”, desconoce el carácter
excepcional y temporal del ejército en las calles, mostrando poca claridad en
los objetivos de sus funciones y restando importancia al necesario
fortalecimiento de las corporaciones civiles.

Por otro lado, se muestra de nueva cuenta la opacidad de las fuerzas armadas el
negarse a ser juzgados por tribunales civiles tratándose de crímenes cometidos
contra civiles. Los casos documentados nos muestran que estas violaciones sí
existen y no son pocas, resultando inexcusable el argumento del General Galván
al referir que los casos acreditados de abusos por militares son una
cantidad menor;. No podemos olvidar los casos de Rosendo Radilla, Inés
Fernández Ortega, Valentina Rosendo, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que han
llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos siendo víctimas de
violaciones de derechos humanos por parte del ejército, nos muestran la falta
de acceso a la justicia en instancias nacionales y que el sistema de justicia
militar no garantiza imparcialidad o justicia, en ese entendido la
organizaciones no podemos sino interpretar la negativa para cambiar esa
situación, como un esfuerzo del ejército para gozar de impunidad.

Las organizaciones firmantes exhortamos al Congreso de la Unión a ponderar por
encima de cualquier petición los derechos humanos de la población. Celebramos
que el día jueves 8 de abril el Senado de la República dio un paso importante
a favor de los derechos humanos al aprobar el proyecto de reforma constitucional
en la materia, confiamos en que la Cámara de Diputados actúe en consecuencia
de esta decisión esperando que ese compromiso se refleje en ulteriores
discusiones alrededor de las diversas propuestas sobre seguridad en la agenda
legislativa, mismas que plantean aspectos regresivos para los derechos humanos.
Esperamos que las decisiones que tome el poder legislativo en estos temas estén
a la altura de las recientes decisiones y no sean influenciadas por comentarios
tan desafortunados como el efectuado en la Comisión de Defensa Nacional.

México, Distrito Federal, 8 de abril 2010.

RED DE DERECHOS HUMANOS "TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS"
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO DE VITORIA
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, MIGUEL AGUSTÍN PRO JUAREZ
COMISION MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN
RED DE COMITÉS COMUNITARIOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA HUASTECA VERACRUZANA



Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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